El diputado por la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca, expresó su profunda preocupación frente a los efectos de la ola polar que azotó la zona sur del país la semana pasada, y que dejó una cruda radiografía sobre la fragilidad de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) en el territorio.
“Cientos de familias en nuestra región se quedaron sin agua potable por medidores reventados, cañerías congeladas y plantas fuera de operación. Y lo más grave es que esto se comienza a repetir cada invierno, sin una respuesta real ni sostenida por parte del Estado”, señaló el parlamentario.
Las bajas temperaturas registradas provocaron que numerosos dispositivos y redes de distribución colapsaran. El diputado explicó que el costo de reposición de los medidores –que puede superar los $100 mil por familia– recae hoy en los propios usuarios. “Estamos hablando de un derecho básico, que hoy es también un derecho constitucional. No podemos permitir que se convierta en un lujo para muchas familias del mundo rural”, enfatizó.
Actualmente, la Región de Los Ríos cuenta con cerca de 200 sistemas APRs operativos, los que entregan agua a sectores rurales que no están conectados a redes urbanas. Para Ilabaca, estas iniciativas cumplen un rol vital y no pueden quedar desprotegidas. “Lo que falta aquí es prevención, apoyo técnico, kits de protección térmica y una Dirección de Obras Hidráulicas que funcione y esté a la altura de las urgencias”, afirmó.
En esa línea, el parlamentario señaló que este viernes pasado sostuvo una reunión con el Gobernador Regional de Los Ríos, Luis Cuvertino, para abordar la situación y explorar cómo el GORE puede asumir un rol más activo ante este tipo de emergencias. “Existe voluntad. El compromiso es avanzar hacia soluciones concretas, como la reposición de medidores dañados sin costo para las familias”, detalló.
Además, el diputado ya ofició al Ministerio de Obras Públicas y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para exigir información clara respecto al catastro de daños, los recursos comprometidos para su reparación y la existencia de protocolos o líneas de financiamiento especial para enfrentar este tipo de emergencias. A la fecha, aún existen 1.158 medidores sin recambio, lo que mantiene a numerosas familias sin acceso normalizado al suministro de agua potable.
Finalmente, Ilabaca fue enfático en señalar que “lo que está ocurriendo no es solo un problema técnico, es un síntoma de abandono estructural al mundo rural. Y mientras eso no cambie, no podremos hablar de justicia territorial ni de acceso equitativo a derechos básicos como el agua”.