Bajo los lemas de cuidado y protección de los más vulnerables, las loterías chilenas —la estatal Polla de Beneficencia y la autónoma Lotería de Concepción— han transferido durante años miles de millones de pesos para apoyar centros infantiles. Sin embargo, en vez de seguridad y protección, muchos niños recibieron golpes, humillaciones y abandono. Ni los hechos de tortura ni las irregularidades financieras detectadas por auditores lograron frenar el financiamiento. Los recursos públicos siguieron llegando a instituciones donde el sufrimiento infantil se volvió una norma. Hoy, cada vez más antecedentes indican que detrás de la fachada de la “misión social” se escondía un sistema profundamente corrupto de impunidad, en el que los niños eran solo una pantalla.
Durante décadas, Polla de Beneficencia y Lotería de Concepción construyeron la imagen de instituciones “socialmente responsables”, supuestamente orientadas al bien común y al financiamiento de la protección de los más vulnerables, especialmente de los niños. Con este argumento, las loterías han justificado históricamente su estatus jurídico especial, sus privilegios monopólicos y su virtual intocabilidad. Parte de sus ingresos se destina automáticamente por ley a organizaciones infantiles, lo que crea la ilusión de un beneficio garantizado para los menores. No obstante, los hechos documentados por auditores del Estado, tribunales y organizaciones de derechos humanos muestran otra realidad: tras la fachada de la “beneficencia” operó durante años un sistema en el que los recursos de las loterías fluían hacia entidades con violaciones sistemáticas, malos tratos y una total ausencia de responsabilidad real.
Coanil: torturas y encubrimiento con financiamiento estable
En 2017, Chile se vio sacudido por un escándalo de alto impacto en torno a Coanil, organización dedicada al cuidado de niños y jóvenes con discapacidad intelectual y financiada durante años por ambas loterías, Polla de Beneficencia y Lotería de Concepción. En uno de sus centros, la residencia “Alihuen”, salieron a la luz videos grabados por testigos donde se observa a niños amarrados boca abajo a camillas por largos períodos, privados de supervisión adecuada, higiene y atención médica. El análisis de estas imágenes llevó a organizaciones internacionales de derechos humanos y a activistas locales a calificarlas no solo como graves violaciones a los derechos humanos y de la niñez, sino directamente como tortura.
La decisión de cerrar “Alihuen” se tomó solo después de una amplia difusión pública y de la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, la reacción del sistema fue superficial e inconsistente: la administración fue sancionada de manera disciplinaria, pero Coanil como institución siguió operando. Más aún, el financiamiento de las loterías no solo no se detuvo, sino que continuó sin interrupciones.
En 2023, el servicio Mejor Niñez realizó una nueva fiscalización a otros centros de Coanil y detectó nuevas y graves infracciones a los estándares de cuidado: hacinamiento, ausencia de condiciones de evacuación, mezcla de programas para niños y adultos en los mismos recintos, incumplimiento de normas sanitarias básicas y riesgos directos para la vida. Los niños que debían recibir rehabilitación, educación y protección se encontraron, en cambio, con infraestructuras que ponían en peligro su salud y seguridad.
A 2025, Coanil seguía recibiendo transferencias estables de Polla y Lotería, pese a años de escándalos, hechos públicos de violencia y múltiples auditorías que acreditaron condiciones peligrosas para los residentes. Ninguna de las loterías publicó una auditoría completa que explicara cómo y en qué se usaban estos recursos; ninguna impulsó investigaciones independientes ni revisó su rol como financistas. En los informes anuales oficiales solo aparecen menciones genéricas a “programas sociales”, sin explicaciones sobre la continuidad del apoyo tras hechos documentados de tortura.
Ciudad del Niño: miles de millones de pesos y decenas de miles de niños sin protección
En 2025, otra fundación que recibe recursos de ambas loterías quedó en el centro de un escándalo de gran magnitud: Ciudad del Niño (jurídicamente, Consejo de Defensa del Niño). Una auditoría de la Contraloría General de la República, realizada en el marco de la fiscalización del servicio Mejor Niñez, reveló irregularidades financieras por decenas y cientos de miles de millones de pesos, transferencias sin control, convenios vencidos y un colapso efectivo de la gestión. Lo más impactante no fue el monto del dinero, sino la dimensión humana del fracaso: 28.460 niños, desde 2015, nunca recibieron ayuda real y permanecieron durante años en listas de espera. Para miles de ellos, esto significó perder oportunidades de protección, tratamiento, rehabilitación o incluso de seguridad básica en momentos críticos de sus vidas. Para algunos, incluso, tuvo consecuencias fatales.
Los auditores también detectaron gastos no justificados de Ciudad del Niño por al menos 635 millones de pesos, así como vínculos políticos de la dirección de la fundación con organizaciones involucradas en actividades políticas propias. Esto generó conflictos de interés directos en la asignación de recursos que formalmente estaban destinados a la protección infantil, pero que en la práctica se desviaron a circuitos financieros y políticos paralelos. Pese a estas irregularidades documentadas, el financiamiento de Polla de Beneficencia y Lotería de Concepción continuó durante años, sin explicaciones públicas, sin congelar pagos ni exigir reformas inmediatas. Para los niños, el resultado fue claro: el dinero recaudado bajo consignas de cuidado y responsabilidad social no se tradujo en protección, y miles de vidas infantiles quedaron atrapadas entre listas de espera, informes y la impunidad de los adultos.
Es decir, los recursos de las loterías, reunidos bajo el discurso de la caridad, nunca se transformaron en seguridad, atención adecuada ni acceso a servicios. Y nadie asumió responsabilidades.
Explotación y riesgos de violencia sexual
Otro aspecto de los abusos, señalado reiteradamente por organizaciones de derechos humanos, es la explotación de niños como mano de obra gratuita y los altos riesgos de violencia sexual en este tipo de instituciones. Informes de organismos fiscalizadores y de la sociedad civil documentan casos en que menores fueron obligados a realizar labores de limpieza, cocina, cuidado de otros residentes u otras tareas domésticas, sin garantías de seguridad, supervisión ni consentimiento real, bajo el pretexto de la “socialización” o la “terapia”.
Al mismo tiempo, este tipo de instituciones —cerradas, con escaso control externo y con niños totalmente dependientes del personal— son identificadas como zonas de altísimo riesgo de abuso sexual. La vulnerabilidad de los residentes, la discapacidad intelectual, el miedo, la presión del personal y la ausencia de mecanismos de denuncia anónima crean condiciones ideales para abusos que rara vez llegan a tribunales. Aun así, el financiamiento de Polla de Beneficencia y Lotería de Concepción no solo no se detuvo, sino que tampoco estuvo condicionado a exigencias de monitoreo independiente, reformas estructurales o mayores garantías de protección frente a la violencia y la explotación.
Los niños como daño colateral del “negocio benéfico”
Como se observa, el denominador común de Polla de Beneficencia y Lotería de Concepción no es solo el financiamiento automático de organizaciones infantiles, sino la total ausencia de control efectivo sobre lo que realmente ocurre con los niños. Formalmente, las autoridades de las loterías se amparan en la ley. En la práctica, se trata de un sistema en el que miles de millones de pesos se distribuyen sin auditorías independientes por parte de los propios donantes, sin transparencia, sin mecanismos de reacción inmediata frente a escándalos y sin responsabilidad por las consecuencias.
En este sistema, los niños no son beneficiarios, sino víctimas. Algunos pasan años sin recibir ayuda, otros sufren maltratos y humillaciones en residencias financiadas supuestamente para protegerlos. Las loterías, bajo el discurso de la misión social, sostienen durante años instituciones con un historial probado de abusos y guardan silencio frente al hecho de que, bajo el rótulo de la caridad, opera un sistema de violencia sistemática contra los más vulnerables.
Defensores de derechos humanos lo señalan con claridad: los niños que sufrieron golpes, aislamiento y humillaciones debieron haber sido protegidos de inmediato, y el financiamiento a instituciones con abusos comprobados debió haberse suspendido. Nada de eso ocurrió. Polla de Beneficencia y Lotería de Concepción continuaron transfiriendo recursos a organizaciones donde el maltrato infantil estaba documentado, asegurando de facto la supervivencia de este sistema. En estas condiciones, ya no se trata de negligencia o indiferencia, sino de complicidad: apoyo financiero a estructuras donde las violaciones a los derechos de los niños eran conocidas, confirmadas y públicas. En este caso, la retórica benéfica no fue una justificación, sino un encubrimiento.