Formulando un llamado para avanzar en “cambios estructurales y no cosméticos, especialmente en lo que se refiere a los controles internos y externos a Carabineros”, el presidente de la Comisión de seguridad Ciudadana, Iván Flores , destacó la aprobación en el día de hoy jueves del informe de la Comisión Investigadora por el fraude en Carabineros, que actualmente supera los 28.000 millones de pesos.
“Carabineros sigue en crisis y no se trata sólo del fraude al fisco más importante en la historia republicana de Chile, sino de muchas cosas más que no alcanzaron a incorporarse en esta investigación y que, en suma, reflejan una evidente falta de controles y la necesidad de liderazgos más firmes para tener tolerancia cero contra la corrupción institucional “, sentenció el diputado Flores.
El texto aprobado hoy, evacuado por la comisión investigadora que presidió el entonces diputado DC Jaime Pilowsky y que desarrolló su trabajo entre abril y noviembre de 2017, acusa falta de atención en los controles internos; observa negligencia inexcusable en los directores de Finanzas que ocuparon el cargo entre 2006 y 2017; y se les reprocha a los exgenerales directores Bernales, Gordon y González no haber adoptado con diligencia las medidas tendientes a superar la falta de control imperante a nivel institucional, entre otros variados puntos.
Se agrega, según lo explicado por el diputado Flores “una clara ineficacia del control interno, que no fue solucionada por las autoridades de Carabineros de Chile, así como una considerable dispersión normativa en lo que se refiere a la estructura orgánica, funciones y atribuciones de las diversas unidades administrativas de la institución habrían facilitado la comisión del cuantioso fraude que afectó a la entidad, que a noviembre llegaba a los 26 mil millones de pesos y que se espera alcance los 30 mil millones de pesos.”
“Aquí, lo que hubo, fue un fraude de enormes proporciones, sistemático, que se mantuvo en un extenso período (al menos desde el año 2006), ejecutado por “una organización jerárquica”, según Fiscalía, que incluía funcionarios, particularmente del Escalafón Intendencia, activos y en retiro, y también civiles; a la fecha 126 personas.
En cuanto a las responsabilidades, y en lo respectivo a la Dirección de Finanzas, donde los ilícitos fueron organizados y ejecutados durante 12 años, se concluyó que «los generales de intendencia a cargo de aquella no realizaron un plan efectivo de acciones para supervisar el trabajo de sus subordinados».
Se remarca que, con independencia de las eventuales responsabilidades penales, civiles o administrativas que resulten, los directores de Finanzas, entre 2006 y 2017, «son responsables de una negligencia inexcusable en el ejercicio de sus funciones, al no establecer sistemas de control efectivos para las operaciones, particularmente del sistema de pago de remuneraciones y desahucios, entre otros». En ese sentido se menciona a los generales que ejercieron dicho cargo, Iván Whipple y Flavio Echeverría como responsables de esta negligencia.
Respecto a la Subdirección General de Carabineros que ejerce el mando sobre la Dirección de Finanzas, se estima que los titulares que ocuparon dicho cargo (generales Juan Donati, Eduardo Gordon, Gustavo González, José Ortega, Carlos Carrasco y Marcos Tello) «tienen una responsabilidad jerárquica derivada del incumplimiento del deber de supervisión respecto a las labores de la Dirección Finanzas», lo que los diputados consideraron «constituye una omisión grave».
En lo referido a la Inspectoría General y quienes ejercieron su mando desde 2006 (seis generales), los legisladores sostuvieron que «no cumplieron su deber de fiscalizar la eficiencia y eficacia de los sistemas de control y establecer procedimientos para supervisar el proceso de pago de remuneraciones, foco donde está la mayor cantidad de presupuesto de Carabineros, y por tanto, se constituye en objeto de especial control».
A los Generales Directores de Carabineros, desde el 2006 al 2015 (José Bernales, Eduardo Gordon y Gustavo González), «se les reprocha no haber adoptado con diligencia las medidas tendientes a superar la falta de control imperante a nivel institucional, situación que se está corrigiendo, recién a partir de la difusión del fraude, mediante la implementación del plan de reestructuración y ajuste a los sistemas de gestión y control de Carabineros».
La Comisión emitió, además, un reproche especial al exgeneral director Bruno Villalobos, ya que el conjunto de medidas de reestructuración fuera anunciado solo después de que los hechos fueran conocidos por la opinión pública.
Tras la aprobación del informe, el diputado Flores señaló que “como vías para avanzar, el informe plantea diversas propuestas entre las cuales se encuentran: que los fondos internos sean administrados en cuentas corrientes subsidiarias de la cuenta única fiscal; sistematizar permanentemente la normativa orgánica de Carabineros de Chile; e implementar un modelo de gestión de riesgo. Además, se plantea fortalecer a la Contraloría de la institución; implementar un sistema de auditorías externas; implementar nuevas herramientas de gestión; perfeccionar la legislación relativa a la rendición de cuenta de gastos reservados; potenciar el uso de la tecnología para las auditorías; y fomentar activamente la cultura de la probidad y transparencia en la entidad, entre otras.”