Luego que la primera sesión en abril de la Comisión de Libertad Condicional liderada por la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazara el 97 % de las solicitudes, la defensa pública penitenciaria de Los Ríos inició una labor recursiva para revertir esa decisión en los casos que ,desde una perspectiva técnica, lo amerite.
Así lo informó el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Ríos, Juan Pablo Alday, quien mencionó que tanto la defensora penitenciaria Patricia Cuevas como el defensor penitenciario Felipe Alvarez lograron que el tribunal de alzada valdiviano acogiera durante este mes dos recursos de amparo, en favor de internos a quienes se les había rechazado el ejercicio de ese beneficio penitenciario.
Según Alday, el fallo que acogió el recurso de amparo que interpuso la defensora Patricia Cuevas recogió el adecuado pronóstico de reinserción social ante la favorable adherencia y disposición a las diversas actividades de intervención, cambios concretos para evitar la reincidencia y el apoyo de la familia de su representado.
“Eso supone que – además de los exigentes requisitos para acceder a la libertad condicional – este antecedente psicosocial no había sido atendido. En el otro caso, el defensor Álvarez trabajó en una gradual preparación para el medio libre de su representado; primero en la gestión de la salida dominical, luego de fin de semana y , finalmente, con la presentación de un contrato laboral para un permiso de salida controlada”.
Reivindicación de la Libertad Condicional
Respecto de la significativa baja en la aprobación de postulaciones a la libertad condicional en el último tiempo en el país, lo que en la región se tradujo en que se aprobaron solo 2 de las 45 solicitudes de internos condenados en la unidad penal de Río Bueno, 2 de las 11 postulaciones del Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Valdivia y el rechazo total de las 151 solicitudes de internos en el Complejo Penitenciario de Valdivia, Alday destacó la importancia de la defensa especializada penitenciaria y su carácter multidisciplinario en tanto incorpora la labor de las trabajadoras sociales penitenciarias Vanessa Villarroel y Lorena Favereau.
“Ante esta tendencia de rechazo bastante masivo de las postulaciones en el país, como Defensoría Pública nos corresponde no solo reivindicar la institución de la libertad condicional como un aporte crucial en la reinserción y la paz social sino trabajar arduamente en nuestros argumentos jurídicos y sociales para revertir rechazos en casos en que tenemos la convicción de que hay mérito para acoger esas solicitudes” señaló.
En esa línea, el abogado relevó estudios que muestran que el porcentaje de reincidencia delictual es mucho mayor en personas que cumplen toda la pena privadas de libertad, sin transitar por procesos de reinserción social (alrededor de un 65%), en comparación con quienes sí lo hacen y culminan su cumplimiento con el beneficio de libertad condicional.
“Lo que pasa es que cada tanto se cuestiona el uso de la libertad condicional por casos muy duros – los que ciertamente nos conduelen – en que ocurre reincidencia durante el cumplimiento del beneficio. Sin embargo, ese porcentaje es bastante residual en relación a la cantidad de personas que sí cumplen con su proceso de reintegración social. Hay que recordar que la libertad condicional no extingue la pena sino que ésta se cumple de otra manera y sólo se obtiene cumpliendo una serie de requisitos legales”.
Esos requisitos, según explicó, tienen que ver con el cumplimiento de un tiempo considerable de privación de libertad, una muy buena conducta sostenida en el tiempo y que cuenta con un informe psicosocial favorable que señala los factores de riesgo y protectores en cuanto a una potencial reincidencia, el que es elaborado por un equipo técnico profesional de Gendarmería de Chile.
Por último, el abogado celebró el mejoramiento de la ley al incorporar la figura de una persona delegada de libertad condicional, quien acompaña y monitorea el proceso de reinserción a partir de un plan de intervención individual de la persona beneficiada.
“Esa labor es clave para que la persona se reintegre adecuadamente en su medio social, laboral y familiar, porque de nada sirve entregar este beneficio si el Estado no provee ese apoyo para retomar estas redes o adquirirlas y por supuesto reforzar mecanismos frente a casos puntuales que podrían considerarse riesgosos”.
La región cuenta con defensa pública penitenciaria desde mediados del 2016, servicio especializado que atiende requerimientos de la población penal del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Río Bueno, el Complejo Penitenciario de Valdivia y el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Gendarmería de Chile.