Elizabeth Mendoza forma parte del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública
Elizabeth:
“Hasta el día de hoy esperamos que alguien reconozca que hubo un error” dice con voz calma Elizabeth Mendoza Perez, de 35 años. Han pasado siete años desde aquella noche del 22 de septiembre del 2015, cuando el taxi en que regresaba a casa luego de trabajar, fue interceptado por carabineros en la esquina del pasaje en que vivía. Tras una jornada de trabajo como cualquier otra en la botillería de su padre en Villa Los Alcaldes, Elizabeth no podía creer que ella y su compañero de trabajo, Luis Ojeda, fueran obligados a bajar del taxi apuntados con armas por efectivos policiales y luego estuvieran en el vehículo policial en el patio de la comisaría de avenida Francia. En ese lugar, sin saber aún la causa de su detención, fueron alumbrados con una linterna para que la víctima del robo en una botillería del sector regional de Valdivia los reconociera. Elizabeth cuenta que ya en el calabozo de esa comisaría, casi a la madrugada, recién se enteraron de que se trataba la detención y supieron que, en pocas horas, los llevarían a una audiencia en el Tribunal de Garantía de Valdivia. “Hay una foto de nosotros subiendo esposados a un vehículo policial que publicaron muchos medios acá en Valdivia. Que mi hijo viera esa imagen era terrible para mí”. Esa mañana, luego de ser formalizados por robo con intimidación, cruzaron las rejas de la cárcel del sector de Llancahue en Valdivia para internarse en el régimen y los códigos carcelarios por casi tres meses.
En ese recinto, Elizabeth describe sensaciones y sentimientos de miedo, confusión, impotencia y sobre todo de congoja al pensar cómo se sentiría su pequeño hijo Javier, de 8 años en esa fecha. Luego, un mensaje amenazante al interior del penal para que se mantuviera en silencio. No entrega detalles, pero dice que lo que más la afectó fue el haber estado tres días hospitalizada, engrillada de manos y pies en el hospital penitenciario “Es una de las cosas que más me quedó marcada” afirma con reserva.
Antes de que se cumplieran tres meses en que estuvieron presos, en una audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por su defensa penal pública, el tribunal morigeró la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno. Pasaría casi un año más, en que sus vidas estuvieron limitadas en lo laboral y social por esa medida cautelar, que coartaba todas sus actividades y definía las de su entorno afectivo, familiar y social. Solo a fines del año 2017, por insistencia de la defensora penal pública, Ximena Triviños, y cuando los verdaderos responsables del asalto ya habían sido formalizados, por fin, se logró el sobreseimiento definitivo por inocencia que decretó para ambos la entonces jueza del Juzgado de Garantía de Valdivia, Alodia Prieto.
Demanda al Estado
Tanto Elizabeth Mendoza como Luis Ojeda desde el año 2017 forman parte del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública y, a partir de un convenio de esa institución con la Fundación ProBono, se activó la posibilidad de emprender una acción reparatoria civil por su caso. El sábado 8 de octubre concluyó el juicio en el Primer Juzgado Civil de Valdivia a propósito de una demanda por indemnización de perjuicios por daño, en que los jóvenes fueron representados por la abogada Bernardita Valdés, de Valdés & Asociados, estudio jurídico privado al que la Fundación ProBono derivó su caso.
La abogada comenta que durante toda esa semana se desarrolló el término probatorio documental y testimonial del juicio en contra del Ministerio Público, representado por el Consejo de Defensa del Estado. “Como parte demandante pretendemos probar la falta de objetividad que tuvo Fiscalía en su investigación y el daño que esa falta de servicio provocó. Tal como el Ministerio Público tiene que concentrar su energía y fuerza en perseguir la comisión de delitos para acreditar la participación de aquellos que podrían ser responsables, tiene la misma obligación de investigar con igual celo todos aquellos antecedentes que permitan acreditar la inocencia y descartar la participación de personas. Lo que se conoce como principio de objetividad”. Según Valdés, al inicio del caso hubo omisión de antecedentes que al menos generaban dudas respecto a que sus representados fueran partícipes del delito, entre estos, la certificación médica de la malformación genética en las manos y pies de Elizabeth, lo que, según planteó la defensa pública en su momento, hacía imposible que ella hubiera tomado un cuchillo y paralelamente registrado y sustraído el dinero de la caja del local comercial, tal como aseguraba hizo la verdadera mujer que participó en el robo, según la dueña de la botillería. Para la abogada y la defensa penal pública, los antecedentes hacían evidente la inocencia de ambos detenidos y orientaban la imputación del asalto directamente a otras tres personas. “Pero transcurrió un tiempo exageradamente extenso en el que Luis y Elizabeth debieron pasar por una restricción de libertad extrema como la prisión preventiva por casi tres meses y luego un arresto domiciliario nocturno por prácticamente un año”. La profesional asegura que esto ocasionó un daño irreparable en diversos aspectos de la vida de ambos. “Elizabeth debió delegar el cuidado de su hijo, que era un niño al momento de los hechos y quien tuvo que vivir todo el estigma social en la escuela y el barrio, de tener a una mamá que supuestamente había cometido un delito, así como un daño emocional, de salud y económico que nunca podrá ser reparado. Sin embargo, considéranos que, al menos, deben ser indemnizados de manera pecuniaria” afirma Bernardita Valdés sobre el juicio, cuya fecha de resolución es incierta.
Por último, la abogada detalló que parte de las pruebas que se presentaron en la demanda indemnizatoria, fueron informes de daño psicológico de Elizabeth y de su hijo, pericias sociales y de investigación criminalística gestionadas por la defensa pública en su momento, antecedentes de la carpeta de investigación fiscal y testimonios de personas del entorno de Elizabeth Mendoza.
Proyecto Inocentes
“Lo de la puerta giratoria es un mito, en Chile existe un excesivo uso de la prisión preventiva” sostiene el Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto, quien afirma que la Defensoría ha advertido reiteradamente que esta medida cautelar durante la investigación, no puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán condenadas a penas en libertad o serán absueltas de todo cargo. El abogado señaló que solo el año 2021 ingresaron a la Defensoría Penal Pública 310.723 causas y de ese total, a 15.321 personas se les decretó la prisión preventiva. “Tal como indicó el Defensor Nacional, Carlos Mora en su cuenta pública, si bien la cantidad disminuyó en un 16,4 % en relación al 2020, nos preocupa que hasta mayo de este año habían 121 personas que llevan más de dos años privadas de libertad esperando juicio, tiempo que supera el límite legal. Entonces pareciera que no hemos superado el sistema antiguo, previo a la reforma procesal penal, lo que contraviene lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que la privación de libertad debe ser absolutamente excepcional”. En este sentido, opina que la continua revisión de las actuaciones de las instituciones intervinientes, legitima el sistema penal ante la ciudadanía . “En especial, frente a grupos en condiciones de precariedad social y de ingresos” menciona. Desde esa mirada crítica e inspirado en el Innocence Project de EE-UU, Soto comenta que surgió el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública el año 2012 y que busca reparar el estigma que sufren las personas injustamente involucradas en estos casos, al contar con un lugar de reconocimiento permanente y público de su inocencia. “Es la única iniciativa de este tipo en el país y se propone enmendar prácticas y errores para minimizar la posibilidad de que personas inocentes sean encarceladas y el daño que significa ser apuntado injustamente como delincuente en medios de comunicación, redes sociales y en el entorno” señala.
Errores y Propuestas al Sistema Penal
Sobre los errores en el sistema penal que ha despejado el Proyecto Inocentes y que han provocado que personas deban vivir la dura experiencia de la cárcel, el defensor señaló las identificaciones erróneas, declaraciones falsas, errores periciales o de ciencia limitada, las confesiones falsas, la mala conducta de agentes del Estado e incluso de la propia defensa por negligencia o falta de servicio. “Busca poner luz y abrir el debate acerca de métodos de reconocimiento e interrogatorio, acceso a pruebas de ADN, preservación de evidencia y reparaciones e indemnizaciones a personas injustamente privadas de libertad por el Estado” precisó. “A partir de distintos estudios y de los casos que hemos recogido, a la Defensoría le interesa posicionar en el debate varias propuestas como por ejemplo mejorar métodos y elaborar protocolos exhaustivos de reconocimiento para evitar identificaciones erróneas, lo que es muy importante en tanto hay mucha evidencia sobre el significativo porcentaje de error en nuestras percepciones y subjetividades al intentar reconocer a una persona” puntualiza.
Otra idea que destaca el defensor regional, es la necesidad de incorporar registros o videograbaciones de declaraciones y confesiones para evitar cualquier irregularidad y el aumento del tiempo de preservación de evidencias. “En Chile no existe la obligatoriedad de conservar muestras orgánicas, para que conforme avance la ciencia pueda eventualmente desvirtuarse una condena, que por cierto impacta a toda una familia. Hoy en nuestro país la evidencia se conserva un máximo de seis meses terminado el juicio y, si surgieran técnicas científicas a futuro, la muestra que condenó a una persona ya habrá sido destruida. Sin una mayor preservación de prueba, la liberación de una persona inocente es imposible, aun cuando la ciencia avance”.
Por otra parte, el abogado enfatizó en que el principio de objetividad debe permear la persecución penal en cualquier caso. “Y no caer en el llamado ‘efecto túnel’, es decir, cuando la investigación se dirige a una o más personas como responsables, desvirtuando otras líneas de investigación que pudieran desacreditar la participación o atenuarla. Hablamos acá no de una omisión cualquiera y que se pueda resarcir sino una que puede implicar la libertad y el paso por el mundo carcelario de una persona, que no debió siquiera haber sido imputada de delito, como los casos que forman parte del Proyecto Inocentes”.
Por último, indicó como una tarea pendiente lo que refiere a las “extensas, engorrosas y escasas” indemnizaciones que el Estado ha entregado a personas que fueron privadas de libertad injustamente y la ausencia de legislación al respecto, contexto en que destacó el convenio vigente entre la Defensoría Penal Pública y la Fundación Pro Bono y en cuyo marco se desarrolla la demanda por indemnización de perjuicios en representación de Elizabeth Mendoza y su familia y Luis Ojeda.
“La rigurosidad y prolijidad de procedimientos no arriesgan la impunidad de delitos, sino que fortalecen nuestro sistema penal y sanciona a quienes corresponde. Cuando se pide cárcel como primera respuesta ante cualquier caso, nos parece importante invitar a visitar estas historias de inocentes como Elizabeth y Luis, de manera de tomar conciencia de lo que está en juego; la libertad de una persona” concluye.
Por último, Soto invitó a visitar el portal wwwproyectoinocentes.cl donde se pueden revisar casos en cuanto a lo jurídico y conocer las historias y testimonios de personas que estuvieron hasta dos años en prisión preventiva, algunas por imputaciones de grave connotación pública.
Puedes leer sobre el caso de Elizabeth Mendoza y Luis Ojeda en https://n9.cl/v46oq