El equipo de defensa especializada penitenciaria de la Defensoría Penal Pública de Los Ríos, recientemente realizó dos diálogos participativos con internos que habitan los módulos 21 y 22 del Complejo Penitenciario de Valdivia, a propósito del proceso de libertad condicional que llevó a cabo en octubre la Comisión de Libertad Condicional en la Corte de Apelaciones de Valdivia y que culminó con la aprobación de solo 1 de las 315 solicitudes para acceder a este beneficio por parte de personas que cumplen pena privadas de libertad en las unidades penales de Valdivia, Río Bueno y Osorno.
Según afirmó Juan Pablo Alday, jefe de Estudios de la Defensoría en la región, si bien la institución no pudo participar en la Comisión de Libertad Condicional como se le ha permitido en ocasiones anteriores, la defensa pública penitenciaria de Los Ríos actualmente trabaja en el análisis de antecedentes, informes y resoluciones para despejar en cuáles casos se presentarán los respectivos recursos de amparo que intentarán revertir los rechazos en sus postulaciones.
“En este escenario y en el permanente empeño de brindar información actualizada así como escuchar las inquietudes de las personas privadas de libertad que atendemos, consideramos muy pertinente generar estos diálogos y comentarle a nuestros representados sobre la tarea a la que estamos abocados” comentó sobre el encuentro en que participó junto al defensor penitenciario Felipe Álvarez, la también defensora penitenciaria Yaritza Flández y las trabajadoras sociales penitenciarias Lorena Favereau y Vanessa Villarroel.
REQUISITOS DE LA LIBERTAD CONDICIONAL
Sobre la desconfianza ciudadana respecto a la libertad condicional, Alday señaló que es importante aclarar que la libertad condicional no extingue la pena sino que ésta se cumple de otra manera y que se trata de un beneficio que puede ser revocado. En cuanto a las condiciones para conseguirla, el abogado precisó que la libertad condicional solo puede obtenerse luego de una serie de exigentes requisitos legales como un importante período de cumplimiento de privación de libertad, obtener una muy buena calificación de conducta sostenida en el tiempo, haber nivelado estudios, aprendido un oficio y contar con un informe psicosocial con favorable pronóstico de reinserción social, el que es elaborado por un equipo técnico profesional de Gendarmería de Chile.
“Además, con la modificación legal que regula la libertad condicional surge la figura de la o el delegado de libertad condicional, un profesional de Gendarmería que hace el seguimiento a todo el cumplimiento de pena en libertad, a partir de un plan de intervención individual que la persona debe firmar y comprometerse a cumplir, proceso que es monitoreado sistemáticamente” remarcó.
BAJAR LA REINCIDENCIA
Respecto a las políticas públicas en materia penitenciaria y de seguridad, el profesional indicó que en una atmósfera donde se espera cárcel como primera respuesta a todo evento, existen vastos estudios que dan cuenta que el porcentaje de reincidencia en la comisión de delitos es considerablemente mayor en personas que cumplen la totalidad de la pena privadas de libertad y no pasan por procesos de reinserción social, en comparación con quienes sí lo hacen y culminan su cumplimiento con el beneficio de libertad condicional.
“Aunque para la comunidad resulte contradictorio a primera vista, el propósito final de políticas públicas serias y ejecutadas con prolijidad, redunda en paz social. Para lograrlo el Estado y la sociedad deben ofrecer oportunidades para que esa persona, al haber cumplido todas estas exigencias, no retome el camino delictivo sino que se incorpore con la posibilidad de contribuir a esa sociedad”.
DEFENSA PENITENCIARIA
En esa tarea, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Ríos comentó que la defensa pública penitenciaria se ocupa de cautelar los derechos de la población penitenciaria en un espacio donde no llega el ojo ciudadano y porque las personas privadas de libertad se encuentran en una relación de derecho público, es decir, bajo la tutela y responsabilidad del Estado.
“Entre las prestaciones de esa defensa especializada está la tramitación de abonos o unificación de penas, apoyar en la postulación para obtener beneficios penitenciarios, formular reclamos y velar por el debido proceso frente a sanciones o castigos, solicitar asistencia médica, traslados a otras unidades penales y acciones judiciales como recursos de amparo o cautela de garantías de ser necesario”.
Por último, Alday comentó que este año se realizaron distintos encuentros participativos con internos e internas en el Complejo Penitenciario de Valdivia, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Río Bueno y el Centro de Estudio y Trabajo (CET) en Isla Teja.
