Encabezados por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa, magistrados y consejeros técnicos de los juzgados de Familia de la jurisdicción constituyeron la “Mesa de Cumplimiento de Medidas de Protección”, instancia que busca generar herramientas para garantizar el cumplimiento de las medidas para salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad dictadas por tribunales.
Durante el encuentro –en el que participaron representantes de juzgados de Osorno, Río Negro, Paguipulli, Los Lagos, Mariquina, Paillaco, Río Bueno, La Unión y Valdivia- el supervisor del Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección (COCCMP), Daniel Yáñez, señaló que el principal objetivo de la jornada fue avanzar en la construcción de herramientas que permitan realizar un efectivo y oportuno seguimiento a las medidas de protección decretadas por los tribunales.
“Cuando un tribunal decreta una medida de protección, lo que busca es resguardar la integridad y bienestar de un niño, por ello, resulta imperioso contar con herramientas e instrumentos adecuados que permitan hacerle seguimiento a estas medidas para garantizar que sean cumplidas. En este sentido, hoy trabajamos en la homologación de informes de cumplimento, que será la principal herramienta para que instituciones como Sename y el Poder Judicial, vinculadas a la protección de niños vulnerables, conozcan la situación actual de un niño y tomen las mejores decisiones para su bienestar”, afirmó Yáñez.
Al respecto, la jueza presidenta del Juzgado de Familia de Valdivia, Pamela Lobos, destacó que “esta es una aspiración antigua que tiene que ver con la necesidad de mantener un sistema de registro único, donde podamos visualizar a nuestros niños, donde podamos saber realmente quiénes son, cuáles son sus datos relevantes para poder –no sólo determinar las medidas- sino que también, irlas revisando y acompañando en el proceso de cumplimiento de los objetivos que se fijan los tribunales de familia”.
“Esperamos que las herramientas creadas para hacer seguimiento a las medidas de protección sean alimentadas desde distintas instituciones, de tal manera que la información que manejemos sea la misma, ya que tener un registro que sea único, alimentado con información fidedigna y actualizada, va a generar un cambio importante en lo que ha sido la historia de las medidas de protección respecto de los niños, por lo tanto, creemos que este sistema es un avance en materias que han sido deficitarias anteriormente y que en la práctica, han generado consecuencias negativas en la vida de los niños, situación que es la que finalmente todos esperamos cambiar” puntualizó la magistrada Lobos.
Por su parte, la magistrada del Juzgado de Letras, Familia y Garantía de La Unión, Alodia Prieto, señaló que, en la práctica, la calidad de información contenida en los informes es de vital importancia a la hora de resguardar los derechos de los menores:
“Estamos trabajando en unificar criterios para tres tipos de informes que tienen relación con los sistema residenciales, familia de acogida y en programas ambulatorios, todos dependientes del Sename u organismos vinculados a la institución. Estos informes son esenciales, puesto que en base a sus conclusiones y a la posterior opinión del consejero técnico, el tribunal resuelve si la medida de protección se mantiene, se modifica, se prorroga o si finalmente se deja sin efecto, por lo tanto, sin los informes no tenemos la posibilidad de resolver y velar por el bienestar del niño”.