El Juzgado de Garantía de Valdivia no tan sólo determinó que los hechos por los cuáles se le perseguía no constituyen delito alguno, sino que además fijó una audiencia para el mes de marzo, en la que se tasarán las costas que el Ministerio Público debería pagar al jurista.
Luego de 4 años de investigación penal, el juzgado de garantía de Valdivia dictó el sobreseimiento definitivo en la causa penal, donde 37 vecinos del Barrio “Los Conquistadores” de Valdivia se habían querellado en contra del abogado Rafael Asenjo, quien defendió sus intereses en un juicio colectivo por mala calidad de sus viviendas, que fueron construidas por la empresa SOCOVESA.
El profesional aludido, quien representó los derechos de más de 70 propietarios afectados por diversos daños constructivos, llegó a un avenimiento con la inmobiliaria a finales del año 2017 en el contexto de un juicio civil, acuerdo que significaba el pago de una indemnización de 80 millones de pesos para ser repartidos entre los demandantes.
Sin embargo, una treintena de jefes de hogar, a quienes no les pareció justa e igualitaria la distribución de los dineros decidieron interponer sendas querellas por los presuntos delitos de apropiación indebida y de prevaricación en contra de Asenjo.
Luego, que la Fiscalía Local ordenara una serie de diligencias investigativas en estos últimos cuatro años, la Brigada de Delitos Económicos llegó a la conclusión que el mandato otorgado por los querellantes a su abogado contaba con todas las facultades establecidas en la ley y, que si bien existe disconformidad en la distribución de los dineros por parte de las 37 familias, “…ninguno de ellos objetó la autorización otorgada en el mandato”. A mayor abundamiento, el informe policial indica que el tribunal civil que aprobó el avenimiento con la empresa SOCOVESA, “…no efectuó cuestionamientos”.
Con tales antecedentes, la defensa de Asenjo solicitó una audiencia para debatir el sobreseimiento del letrado, cita donde se logró dicho resultado, y fijando el tribunal para el mes de marzo de este año una audiencia para la tasación de costas, que debería pagar el Ministerio Público en favor del abogado.
Consultado Rafael Asenjo sobre la motivación que los querellantes habrían tenido para acudir ante la justicia penal en su contra, éste recordó que “una dirigente del sector, de nombre María Eugenia Robles (quien al inicio del juicio de SOCOVESA le había revocado su mandato por diferencias en la forma de gestionar la demanda) comandó a los vecinos en estas instancias judiciales, aun cuando ella no tenía derecho alguno a exigir suma de dinero de la indemnización colectiva, ya que finalmente su marido –titular de la vivienda- demandó a la inmobiliaria en forma individual y más encima perdió su juicio”. Concluye que “Es evidente pensar que la Sra Robles actuó por su interés personal en perjudicarme, utilizando su liderazgo innato para dirigir a un grupo de personas, escondiéndolo detrás de un interés colectivo, llevándolos a perder sus pretensiones”.